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Las Voces del Futuro

Las amenazas a la libertad de expresión en Venezuela Print E-mail
  
Saturday, 06 June 2009 23:47
El pasado 4 de mayo -cuando un sismo de 5,5 en la escala de Richter despertaba a gran parte de los venezolanos- el canal del Estado, Venezolana de Televisión, retransmitía por segunda vez el Aló, Presidente que el jefe del Estado había protagonizado el domingo anterior.

Globovisión por boca de su director general, Alberto Federico Rabbel, fue el primer medio en informar el posible epicentro y la magnitud del sismo, citando informes del servicio geológico de Estados Unidos.
En un país normal, no habría nada de extraño en que un medio de comunicación informara sobre un hecho que ciertamente mantuvo en vela a gran parte de los ciudadanos. Sin embargo, la transmisión le costó al canal un nuevo procedimiento sancionatorio por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Esta es la nueva excusa para concreta el cierre de Globovisión.
El nuevo proceso investigativo puede concluir con el cierre del canal hasta por 72 horas o incluso puede conducir a la clausura permanente del mismo, tomando en cuenta que Globovisión posee ya dos procedimientos abiertos en Conatel. Si dos de esos tres expedientes se deciden en su contra, la pena puede ser el cierre definitivo de la planta.

Esta situación plantea algunas interrogantes. ¿Debió Globovisión esperar que un funcionario gubernamental ofreciera primero la información para después salir a dar la noticia? ¿Acaso no sintieron el sismo todos los venezolanos? Ravell, en declaraciones a la AFP indicó que "es la primera vez que un Presidente de la República ordena sancionar a un medio por informar primero. Yo hablé porque soy periodista, porque era mi deber y porque se trataba de una información precisa, veraz y oportuna".

A casi dos años del cierre de Radio Caracas Televisión, el presidente Hugo Chávez no esconde su pretensión de cerrar otro medio de comunicación. "Pónganse a creer que yo no me atrevo", dijo el domingo 10 de mayo en su programa dominical. "Ya basta, no vamos a aguantar más a un loco con un cañón disparándole a todo el mundo", indicó refiriéndose al director de Globovisión.

Esta actitud que ya es común en el jefe de Estado ha desatado preocupaciones en todo el mundo. La Asociación Internacional de Radiodifusión condenó la actitud del Presidente y las acciones impulsadas por Conatel en contra del canal 33. Se mostró severamente preocupada por considerar que la institucionalidad y la libertad de expresión en el país se encuentran "una vez más gravemente amenazadas".

A la sede de Globovisión han llegado ocho procedimientos administrativos sancionatorios provenientes de Conatel, uno del Consejo Nacional Electoral (CNE) y dos de carácter tributario. Igualmente, el canal ha enfretado 22 acciones judiciales y cuatro investigaciones en la Fiscalía. Sin embargo, mayo de 2009 ha sido el mes más acontecido para el canal. (Ver infografía)

La conclusión más obvia es que este nuevo procedimiento administrativo es simplemente una fachada legal para tratar de revestir la pretensión del gobierno de clausurar todo espacio disidente.

Cuando las leyes se aplican al antojo

El último proceso administrativo que abrió Conatel a Globovisión evidencia el problema que existe con la redacción vaga e imprecisa de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión (Ley Resorte). Organizaciones especialistas en la defensa de los derechos humanos consideran que las sanciones establecidas en la ley son muy severas y señalan que existe un ensañamiento contra el canal, pues el instrumento no es aplicado a los demás medios de comunicación.

La normativa legal establece en su artículo 29 una suspensión de la señal abierta hasta por 72 horas cuando los mensajes difundidos promuevan, hagan apología o inciten a al odio, al delito o a la guerra.

El director ejecutivo de Espacio Público (ONG venezolana que tiene como finalidad la promoción y defensa de los derechos humanos, especialmente la libertad de expresión), Carlos Correa, calificó como un “exabrupto” el procedimiento abierto por Conatel al canal de noticias. Por otra parte, asegura que la Ley Resorte “es tan ambigua y general que cualquiera puede ser sancionado”. De la misma manera cree que los castigos impuestos son muy duros y que sólo se está aplicando a unos canales.

Correa explica que de producirse el cierre de Globovisión, se produciría un efecto de silenciamiento en los demás medios de comunicación. “Los otros medios al ver lo que le pasó a Globovisión podrían autocensurarse, tomando en cuenta que las amenazas del presidente Chávez no son sólo contra Globovisión”.

El director de Espacio Público es énfatico al asegurar que “le va a costar muchísimo al gobierno venezolano decir que no estamos en una dictadura” si se materializa el cierre. Aprovecha para hacer una pregunta interesante: “¿Si es real que todo el mundo sigue votando por ti, que todo el mundo te quiere tanto, cuál es el problema de Globovisión?”.

El problema que representa la aplicación de la Ley Resorte consiste en el juicio de la persona que determina la veracidad de una información. ¿Quién decide cómo es el comportamiento de un canal y bajo qué criterios? Human Rigths Watch hace énfasis en el hecho de que la aplicación de esta ley depende de un organismo adscrito al poder ejecutivo, lo que incrementa la vulnerabilidad de los medios. A esto se suma la actitud del presidente Hugo Chávez, quien amenaza constantemente a Globovisión y no esconde su deseo de clausurarlo permanentemente.

Ricardo Capella, miembro de la Comisión Permanente de Ciencia, Tecnología y Comunicación Social de la Asamblea Nacional, fue uno de los promotores del exhorto que envió el poder legislativo a Conatel para que se iniciara la investigación contra el canal. Por ello no sorprende su afirmación: “Me tiene sin cuidado si lo sancionan. Allá ellos”. Indica que la normativa legal debe ser cumplida y considera que las sanciones impuestas son justas. El diputado justifica un supuesto cierre de Globovisión, porque considera que “la salud mental de los ciudadanos está en juego”.

RCTV salió de la señal abierta con un argumento legal. De la misma manera, se intenta justificar el último proceso administrativo abierto a Globovisión. Esto no implica, sin embargo, que se respeten los más fundamentales derechos humanos en el camino.